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1. La actual gestión sanitaria ha de sustentarse sobre una base profesional que garantice la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud a largo plazo, asegurando la prestación pública de servicios sociosanitarios.

2. Cualquier reforma de los mismos debe partir de un análisis previo que demuestre su eficiencia conforme a la mejor evidencia científica disponible, criterios de excelencia y calidad.

 

3. El impacto de la crisis y las reformas subsecuentes sobre la salud requieren una decidida redistribución de recursos para minimizar sus consecuencias.

 

4. Los profesionales sanitarios, responsables últimos del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, han de tomar un papel activo que asegure una sanidad pública, sostenible y de calidad. Por ello, se hace imprescindible su formación en gestión sanitaria y el fomento de una adecuada práctica clínica fundamentada en los principios de la medicina basada en la evidencia y el adecuado uso de tecnologías sanitarias.

 

5. La equidad en la atención sociosanitaria es un elemento fundamental en nuestro Sistema  Nacional de Salud; conviene por tanto, fomentar el desarrollo de una cartera de servicios que la proteja. Así, debe priorizarse el desarrollo y fortalecimiento de un Consejo Interterritorial de Salud con capacidad real de acción, en el contexto de un Pacto por la Sanidad que implique a profesionales, ciudadanos e instituciones.

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