Las Cortes discuten un gran plan de recortes / Situación Laboral del SESCAM (I)

En la exposición de motivos de dicha ley se cita la reciente reforma constitucional sobre déficit público y, a la sazón, la coyuntura económica actual que aboca a la Junta a “la aprobación urgente de esta batería de regulaciones”. El silencio y discreción que rodean estas medidas, sobre todo entre la opinión pública y prensa local, nos hace ser especialmente cuidadosos en su análisis, si bien nos ceñiremos al aspecto de la Sanidad y Servicios Sociales relacionados:¿Cómo impactarán los recortes en los trabajadores del SESCAM?

1. La jornada laboral será de 37 horas y media  semanales (computadas de forma anual); regresando así al Real DecretoLey 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Insalud.
2. Guardias: se reducirán las retribuciones un 15% y el complemento a partir de la 5º guardia mensual. Se incluye la exención de guardias para mayores de 55 años.
3. El complemento específico se reduce un 10% (hasta una reducción máxima del 3% sobre el salario bruto).
4. Se suspende el reconocimiento y los nuevos pagos de grado I, II, III y IV de la carrera profesional.
5. Bajas laborales: reducción de la compensación (75% sobre el total de la nómina) por las bajas médicas entre el undécimo y el vigésimo día si la incapacidad no tiene su origen en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional.
6. Queda anulada cualquier convocatoria de Empleo Público para personal estatutario para el año 2012.

A ello habría que sumar, la suspensión de las ayudas de acción social para  el personal estatutario del SESCAM (salvo guardería, comedor escolar y educación especial de hijos discapacitados), anunciadas el pasado 26 de diciembre por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. (2)

La repercusión de estas medidas en la satisfacción profesional del colectivo sanitario y el consecuente impacto en la calidad asistencial suministrada a los pacientes no tardará llegar. Con ello, se cierra un capítulo de medidas estrictamente laborales que, en contra de lo que se ha anunciado, puede tener consecuencias y respuestas inmediatas desde el SESCAM. Sin embargo, el anteproyecto no se queda aquí en cuanto a medidas sociosanitarias, también se anuncian recortes en materia de servicios prestados a los usuarios:

1- Ley de dependencia:

Se elimina la gratuidad en la valoración de las solicitudes de ayudas a la dependencia, lo que pone en riesgo la gratuidad de este servicio. Se abre así una nueva puerta a otros copagos sanitarios, más allá del farmacéutico o los sugeridos por el gobierno regional. No se trata de una reforma baladí, puesto que otras comunidad autónomas ya cobran tasas específicas por este servicio: es el caso de la Región de Murcia (3).

Desaparece, del mismo modo, la obligación de ofrecer el servicio de asistencia telemática de manera gratuita y universal a todos los mayores de 70 años (gestionado hasta el momento por Cruz Roja), uno de los objetivos fundamentales del texto de dependencia a nivel nacional.

2. La ley de Garantías en Atención Sanitaria Especializada establecía tiempos máximos de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Los ciudadanos perderán la capacidad de elegir el centro al que son derivados para recibir atención en caso de rebasar los plazos de espera establecidos, teniendo que remitir una solicitud a su centro de referencia, que ofertará otro servicio del SESCAM según  isponibilidad.

El resto de medidas, ya fuera del capítulo de Sanidad y Servicios Sociales, anuncian fuertes reajustes y eliminación de leyes que abogaban por construir un sistema de derechos y garantías para el ciudadano, pero que dado el desajuste entre las “previsiones de crecimiento de nuestra economía nacional, con el dato aproximado del 0,7%; extraordinariamente alejado del 2,3% previsto a inicios del año 2011 por el anterior Gobierno nacional, instan a la intervención inmediata de todas las administraciones”. 

La Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda será derogada. Esta ley garantizaba el acceso a una vivienda digna y la construcción de VPO para “incentivar el desarrollo económico de la región y la creación de empleo”.

En materia de Educación:

1. Se suprime la obligatoriedad de destinar, como mínimo, el 6% del PIB regional a la misma.
2. Se suprime la gratuidad de los libros de texto.
3. Se suprimre el compromiso de dotar con un centro educativo a todas aquellos municipios con, al menos, 4 alumnos en Infantil y Primaria.

En cuanto a la violencia de género, se asegurará un centro de urgencias y otro de acogida en todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes, cuando el mínimo se situaba en 25.000.

Por último, se suprime la aportación del 0,7% a Cooperación Internacional.

Se trata de la mayor batería de medidas que afectan al conjunto del Estado del Bienestar, y especialmente, a la Sanidad y la Educación. Llama la atención la escasa repercusión mediática del proceso y la celeridad que se ha impuesto en su aprobación.

En este sentido, resulta necesario señalar, de nuevo, que las medidas emprendidas en Castilla-La Mancha obedecen a criterios estrictamente económicos y de gestión que carecen de una planificación inteligente y racional de los recursos públicos. La desinformación ciudadana y profesional actuará como factor favorecedor de un proceso que, a corto-medio plazo, tendrá un impacto negativo sobre la salud y calidad de vida de los castellano-manchegos.